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¿Cuáles son las medidas específicas que las entidades financieras deben tomar para prevenir el lavado de activos en Guatemala?
Las entidades financieras en Guatemala deben implementar medidas específicas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye realizar debida diligencia en clientes, monitorear transacciones, reportar operaciones sospechosas y capacitar a su personal en la identificación de actividades ilícitas. El cumplimiento riguroso de estas medidas es esencial para la integridad del sistema financiero.
¿Cuáles son los procedimientos de conciliación y mediación disponibles para resolver disputas laborales en Guatemala?
Guatemala ofrece procedimientos de conciliación y mediación como opciones para resolver disputas laborales de manera amigable. Los trabajadores y empleadores pueden buscar la mediación de un tercero imparcial, como el Ministerio de Trabajo y Previsión Social o una entidad de mediación, para llegar a acuerdos voluntarios. Estos procesos pueden ser más rápidos y menos adversos que los litigios judiciales.
¿Quién supervisa las actividades AML en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala.
¿Pueden los abogados y contadores estar involucrados en actividades de financiación del terrorismo en Guatemala?
La legislación guatemalteca establece que los profesionales como abogados y contadores deben cumplir con regulaciones específicas para prevenir su involucramiento en actividades de financiación del terrorismo. Están sujetos a obligaciones de reporte y debida diligencia para prevenir el mal uso de sus servicios.
¿Qué regulaciones rigen la debida diligencia en la construcción y gestión de infraestructuras en Guatemala?
Las empresas deben cumplir con regulaciones de construcción y gestión de proyectos de infraestructura de manera responsable.
¿Cuál es el proceso legal para la determinación de la capacidad parental en casos de disputa en Guatemala?
El proceso legal para la determinación de la capacidad parental en casos de disputa implica evaluaciones por parte de profesionales, como psicólogos y trabajadores sociales. Los tribunales consideran estos informes para tomar decisiones en el mejor interés del menor.
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