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¿Cuáles son las sanciones para empresas que incumplen con las políticas de debida diligencia en Guatemala?
Las sanciones pueden incluir multas, suspensiones de actividades comerciales, y otras medidas disciplinarias, asegurando el cumplimiento y la responsabilidad en el contexto de la debida diligencia empresarial en Guatemala.
¿Puede un contratista sancionado en Guatemala volver a trabajar en el futuro?
La posibilidad de que un contratista sancionado en Guatemala vuelva a trabajar en el futuro depende de la naturaleza y gravedad de las sanciones, así como de la disposición del contratista para rectificar y cumplir con estándares éticos. En algunos casos, tras cumplir ciertos requisitos y demostrar mejoras, un contratista puede rehabilitarse y regresar al mercado laboral.
¿Qué son los contratistas sancionados en Guatemala?
Los contratistas sancionados en Guatemala son aquellos que han recibido penalizaciones o restricciones como resultado de acciones indebidas o incumplimientos en contratos o proyectos. Las sanciones pueden incluir multas, exclusiones temporales o permanentes de licitaciones y otras medidas disciplinarias.
¿Cuál es la función del DPI en las elecciones de Guatemala?
El DPI es utilizado como documento de identificación en las elecciones de Guatemala. Se requiere para ejercer el derecho al voto y garantizar la autenticidad del elector. La participación en el proceso electoral está vinculada a la presentación del DPI.
¿Existe cooperación internacional en la aplicación de la legislación AML en Guatemala?
Sí, Guatemala coopera con otras jurisdicciones y entidades internacionales para abordar el lavado de dinero y actividades financieras ilícitas a nivel global.
¿Qué derechos laborales están protegidos por la legislación guatemalteca?
La legislación guatemalteca protege una amplia gama de derechos laborales, que incluyen el derecho a un salario justo, el derecho a condiciones de trabajo seguras y saludables, el derecho a la sindicalización, el derecho a vacaciones pagadas, entre otros. También se protegen derechos específicos para grupos vulnerables, como mujeres embarazadas y personas con discapacidad.
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