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¿Cuál es el marco legal que regula el embargo en Guatemala?
El marco legal que regula el embargo en Guatemala está principalmente establecido en el Código Procesal Civil y Mercantil. Este código establece las normativas y procedimientos que deben seguirse para la ejecución de embargos, así como las condiciones bajo las cuales se puede llevar a cabo un embargo de bienes.
¿Cómo se aborda la gestión de expedientes judiciales en casos de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en Guatemala?
En casos de delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra en Guatemala, la gestión de expedientes judiciales puede implicar consideraciones especiales debido a la gravedad de los cargos. Pueden aplicarse normativas internacionales y nacionales específicas para garantizar un proceso judicial adecuado y el manejo apropiado de los expedientes relacionados con estos delitos.
¿Los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML en Guatemala?
Sí, en Guatemala, los clientes tienen derecho a acceder a su propia información de AML. Las instituciones deben facilitar este acceso y permitir que los clientes revisen la información que se ha recopilado sobre ellos.
¿Puede un banco o entidad financiera guatemalteca abrir cuentas anónimas para la prevención de la financiación del terrorismo?
No, las entidades financieras en Guatemala no pueden abrir cuentas anónimas. Se requiere una debida diligencia exhaustiva para identificar a los clientes y prevenir el uso indebido de cuentas para actividades ilícitas, incluida la financiación del terrorismo.
¿Se puede utilizar el DPI como documento de viaje para ingresar a otros países?
No, el DPI no se utiliza como documento de viaje para ingresar a otros países. Para viajar internacionalmente, los ciudadanos guatemaltecos deben obtener un pasaporte válido. El DPI es un documento de identificación nacional y no cumple la función de un documento de viaje internacional.
¿Puede un cómplice ser sujeto a medidas de privación de libertad antes del juicio?
En casos específicos, un cómplice podría estar sujeto a medidas de privación de libertad antes del juicio, como la detención preventiva, si existen razones para creer que podría representar un riesgo para la investigación o la sociedad. Estas medidas deben cumplir con los principios legales.
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