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¿Cuál es la edad mínima de responsabilidad penal en Guatemala?
La edad mínima de responsabilidad penal en Guatemala es de 12 años. Esto significa que los menores de 12 años no pueden ser procesados penalmente por sus acciones.
¿Cuál es el tiempo de procesamiento para obtener un DPI en Guatemala?
El tiempo de procesamiento para obtener un DPI en Guatemala puede variar, pero generalmente se estima en unas semanas. El Registro Nacional de las Personas (RENAP) trabaja para agilizar los procesos, y el ciudadano puede verificar el estado de su trámite a través de la plataforma en línea del RENAP.
¿Cuáles son las estrategias que el Estado guatemalteco utiliza para identificar y abordar riesgos emergentes en el ámbito de la debida diligencia?
Las estrategias pueden incluir la revisión periódica de leyes, la participación en análisis de riesgos internacionales, y la adaptación ágil de regulaciones para abordar riesgos emergentes en el ámbito de la debida diligencia en Guatemala.
¿Cómo colabora el Ministerio Público de Guatemala en la aplicación de la debida diligencia en investigaciones legales?
El Ministerio Público de Guatemala colabora en la aplicación de la debida diligencia al llevar a cabo investigaciones legales, asegurando el cumplimiento de la ley y la persecución de actividades ilícitas.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de restitución internacional de menores en Guatemala?
Los casos de restitución internacional de menores se abordan legalmente en Guatemala mediante tratados internacionales y colaboración entre autoridades. Se busca la restitución del menor a su lugar de residencia habitual y la protección de sus derechos en situaciones de sustracción por parte de un progenitor.
¿Pueden los abogados solicitar la restricción de cierta información en expedientes judiciales por razones de seguridad en Guatemala?
En ciertos casos, los abogados pueden solicitar la restricción de cierta información en expedientes judiciales por razones de seguridad en Guatemala. Esta solicitud puede estar sujeta a la revisión y aprobación judicial para equilibrar la necesidad de seguridad con los principios de transparencia y acceso a la información.
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