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¿Qué responsabilidades tienen las instituciones financieras al identificar a personas expuestas políticamente en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala tienen la responsabilidad de identificar a personas expuestas políticamente, realizar debida diligencia mejorada en sus transacciones, mantener registros detallados y cumplir con las regulaciones anti-lavado de dinero y contra la financiación del terrorismo establecidas por las autoridades competentes.
¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la extradición de sus propios ciudadanos?
Guatemala permite la extradición de sus propios ciudadanos en casos de delitos graves, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos legales y se siga un proceso de solicitud y revisión adecuado.
¿Cuál es el papel de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en casos relacionados con AML?
La FECI puede estar involucrada en investigaciones y enjuiciamientos relacionados con lavado de dinero y otros delitos financieros.
¿Cómo se regula legalmente la participación de menores en casos de adopción por parte de residentes temporales en Guatemala?
La participación de menores en casos de adopción por parte de residentes temporales se regula legalmente en Guatemala. Se establecen requisitos específicos y evaluaciones para garantizar el interés superior del menor y la idoneidad de los adoptantes que tienen un estatus de residencia temporal en el país.
¿Cómo se manejan las verificaciones de antecedentes en empleados que realizan trabajo remoto desde Guatemala?
En el caso de empleados que realizan trabajo remoto desde Guatemala, las verificaciones de antecedentes pueden llevarse a cabo de manera virtual, asegurando la autenticidad de la información proporcionada y cumpliendo con las regulaciones laborales aplicables.
¿Cómo se abordan los casos de complicidad en delitos relacionados con la trata de personas en Guatemala?
Los casos de complicidad en delitos relacionados con la trata de personas en Guatemala se abordan con medidas específicas para combatir este grave problema. Las autoridades pueden aplicar leyes y programas destinados a prevenir y castigar la complicidad en actividades vinculadas a la trata de personas, protegiendo así los derechos humanos y la dignidad de las víctimas.
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