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¿Cómo se sanciona el delito de hurto en Guatemala?
El hurto en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el apoderamiento de bienes ajenos sin emplear violencia o intimidación, protegiendo la propiedad y la seguridad de las personas.
¿Cuál es el enfoque legal para la protección de los derechos de los niños en situaciones de desastres naturales o emergencias en Guatemala?
La protección de los derechos de los niños en situaciones de desastres naturales o emergencias se aborda legalmente en Guatemala. Se implementan medidas para garantizar su seguridad, bienestar y reunificación con sus familias en casos de separación temporal.
¿Cuáles son las medidas de debida diligencia para clientes extranjeros en Guatemala?
Se requiere una diligencia reforzada para clientes extranjeros, verificando la identidad y asegurándose de conocer la fuente de sus fondos.
¿Cómo se manejan en Guatemala los casos en los que se descubre que una persona expuesta políticamente ha estado involucrada en actividades ilícitas a través de transacciones financieras?
En Guatemala, cuando se descubre que una persona expuesta políticamente ha estado involucrada en actividades ilícitas a través de transacciones financieras, se activan protocolos de denuncia. Las instituciones financieras informan a las autoridades competentes, como la UIF y la Fiscalía, para que se realicen investigaciones adicionales y se tomen las medidas legales pertinentes.
¿Cuál es la edad mínima para solicitar un DPI en Guatemala?
La edad mínima para solicitar un DPI en Guatemala es de 18 años. Los ciudadanos pueden iniciar el proceso de obtención del DPI una vez que alcancen la mayoría de edad.
¿Se aplican restricciones adicionales en Guatemala a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero?
Sí, en Guatemala se aplican restricciones adicionales a las transacciones financieras con personas expuestas políticamente provenientes de jurisdicciones consideradas de alto riesgo en términos de lavado de dinero. Las instituciones financieras están obligadas a ejercer una diligencia aún mayor al trabajar con clientes de estas jurisdicciones, aplicando medidas adicionales de control y revisión.
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