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¿Cuál es la política de Guatemala respecto a la complicidad en delitos de desapariciones forzadas?
La política de Guatemala respecto a la complicidad en delitos de desapariciones forzadas puede implicar la adopción de medidas para abordar este grave crimen. Las autoridades guatemaltecas pueden colaborar con investigaciones, enjuiciar a cómplices y trabajar para prevenir y erradicar las desapariciones forzadas en el país.
¿Cuál es la diferencia entre un contrato de compra-venta y un contrato de arrendamiento en Guatemala?
Un contrato de compra-venta implica la transferencia de propiedad de un bien a cambio de un precio, mientras que un contrato de arrendamiento implica el alquiler de un bien por un período de tiempo determinado. En el primero, el comprador adquiere la propiedad, y en el segundo, el arrendatario obtiene el uso temporal del bien.
¿Qué leyes rigen la selección de personal en el sector público en Guatemala?
En el sector público de Guatemala, la selección de personal está regulada por diversas leyes y normativas, como la Ley de Servicio Civil y la Ley de Contrataciones del Estado. Estas leyes establecen los principios y procedimientos que deben seguirse al seleccionar empleados para cargos públicos.
¿Cuál es la definición legal de la legítima defensa en Guatemala?
La legítima defensa en Guatemala se define como el derecho de una persona a defenderse a sí misma o a otros contra una amenaza inminente de un ataque ilegítimo, siempre y cuando la respuesta sea proporcional y necesaria.
¿Cuál es el proceso legal para cambiar el apellido en casos de adopción en Guatemala?
El cambio de apellido en casos de adopción en Guatemala sigue un proceso legal que implica presentar una solicitud ante el Registro Civil. Este cambio refleja la nueva relación legal entre el adoptado y los adoptantes.
¿Pueden las partes en un proceso judicial solicitar la destrucción de un expediente una vez que se ha resuelto el caso en Guatemala?
Las partes en un proceso judicial en Guatemala generalmente no tienen el derecho de solicitar la destrucción de un expediente una vez que se ha resuelto el caso, a menos que existan circunstancias excepcionales y previa autorización del tribunal.
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