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¿Pueden los ciudadanos guatemaltecos acceder a expedientes judiciales históricos para fines de investigación o genealogía?
En algunos casos, los ciudadanos guatemaltecos pueden acceder a expedientes judiciales históricos para fines de investigación o genealogía, siempre y cuando se cumplan los requisitos legales y se respeten las restricciones de acceso.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala?
La UAF recibe, analiza y procesa informes de transacciones sospechosas, contribuyendo a la detección y prevención del lavado de dinero.
¿Cuál es el proceso de verificación de antecedentes para los profesionales del sector de recursos naturales en Guatemala?
Para los profesionales del sector de recursos naturales en Guatemala, la verificación de antecedentes puede abordar aspectos como la experiencia en gestión ambiental, cumplimiento normativo en el uso sostenible de recursos, y cualquier historial de respons
¿Cuáles son las implicaciones fiscales de los contratos de venta en Guatemala?
Los contratos de venta en Guatemala pueden tener implicaciones fiscales, como el pago de impuestos sobre las ventas o el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en caso de ganancias por la venta de bienes. Las partes deben cumplir con las obligaciones fiscales aplicables.
¿Cómo se regula el embargo de propiedades rurales en Guatemala en casos de deudas hipotecarias no saldadas?
El embargo de propiedades rurales en Guatemala por deudas hipotecarias no saldadas se regula conforme a la legislación hipotecaria y el Código Procesal Civil y Mercantil. Las entidades financieras o acreedores deben seguir un proceso legal que incluye la notificación al deudor y la solicitud ante el tribunal correspondiente. La ley establece procedimientos específicos para garantizar la legalidad y transparencia en el proceso de embargo de propiedades rurales.
¿Cómo se asegura que las sanciones a contratistas sean proporcionales a las infracciones en Guatemala?
La proporcionalidad de las sanciones a contratistas en Guatemala se garantiza evaluando la gravedad de las infracciones, considerando factores atenuantes o agravantes, y aplicando principios de equidad. Las autoridades buscan que las sanciones sean justas y proporcionadas a la naturaleza y magnitud de las violaciones cometidas por los contratistas.
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