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¿Qué es la financiación del terrorismo y cómo se define en la legislación guatemalteca?
La financiación del terrorismo se refiere a proporcionar recursos financieros para llevar a cabo actividades terroristas. En Guatemala, está definida en la legislación antiterrorista, que penaliza la obtención, recaudación y provisión de fondos con fines terroristas.
¿Se aplican requisitos de KYC a las cuentas de inversión en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las cuentas de inversión en Guatemala. Esto ayuda a asegurar que las instituciones financieras conozcan la identidad de los inversionistas y puedan monitorear las transacciones relacionadas con inversiones.
¿Cuáles son las actividades económicas y financieras sujetas a regulación para prevenir la financiación del terrorismo en Guatemala?
En Guatemala, diversas actividades económicas y financieras están sujetas a regulación para prevenir la financiación del terrorismo. Esto abarca sectores como el financiero, comercial e inmobiliario, donde se implementan controles y medidas específicas para evitar el flujo de fondos hacia actividades terroristas.
¿Existe una legislación específica para la gestión de riesgos en Guatemala?
Si bien no hay una legislación específica exclusiva para la gestión de riesgos en Guatemala, varias leyes y regulaciones abordan aspectos relacionados con la gestión de riesgos en diferentes sectores. Las empresas suelen adoptar enfoques basados en normativas específicas, así como en estándares internacionales, para gestionar eficazmente los riesgos operativos, financieros y legales.
¿Se permiten las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad en el sector privado en Guatemala?
Sí, las verificaciones de antecedentes de personal de seguridad son comunes en el sector privado para garantizar la idoneidad y confiabilidad de los empleados.
¿Cuáles son las consecuencias de ser sancionado como contratista en Guatemala?
Las consecuencias de ser sancionado como contratista en Guatemala pueden incluir la pérdida de contratos actuales y futuros, multas financieras, la exclusión de procesos de licitación pública, la suspensión temporal o permanente de actividades y, en casos graves, acciones legales. Estas consecuencias buscan desincentivar prácticas indebidas y garantizar la integridad en las contrataciones.
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