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¿Cómo se define el lavado de dinero según la legislación guatemalteca?
Se considera lavado de dinero a la acción de convertir, transferir, ocultar o adquirir bienes con el conocimiento de que provienen de actividades ilícitas.
¿Qué es la legislación que rige los trámites en Guatemala?
En Guatemala, la legislación que rige los trámites es amplia y variada. Esto incluye leyes, reglamentos y decretos que regulan una amplia gama de trámites, desde la creación de empresas hasta trámites de propiedad, migración y muchos otros. La Constitución de la República de Guatemala y leyes específicas, como la Ley de Trámites y Servicios al Ciudadano, son fundamentales en este contexto.
¿Cómo se supervisa el cumplimiento de los requisitos de KYC en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos de Guatemala es responsable de supervisar el cumplimiento de los requisitos de KYC a través de auditorías y revisiones periódicas.
¿Cuál es el papel de las aduanas guatemaltecas en la prevención de la financiación del terrorismo?
Las aduanas guatemaltecas desempeñan un papel crucial al prevenir la entrada o salida de bienes que podrían ser utilizados para la financiación del terrorismo. Implementan controles para identificar transacciones sospechosas y cooperan con otras autoridades en la lucha contra esta amenaza.
¿Cuál es la diferencia entre evasión fiscal y elusión fiscal y cómo se tratan en los antecedentes fiscales en Guatemala?
La evasión fiscal y la elusión fiscal son conceptos distintos en Guatemala. La evasión implica la omisión intencional de pagar impuestos mediante prácticas ilegales, mientras que la elusión involucra estrategias legales para minimizar la carga fiscal. Ambos son considerados en los antecedentes fiscales, pero la evasión puede resultar en sanciones más severas. La elusión, siempre que sea legal, es una práctica aceptada.
¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas adaptar sus programas de debida diligencia para abordar los riesgos ambientales y sociales en sus operaciones internacionales?
La adaptación implica incorporar criterios ambientales y sociales en los procesos de debida diligencia, trabajar con socios que compartan valores sostenibles y cumplir con estándares internacionales que aborden estas preocupaciones.
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