Artículos recomendados
¿Pueden las instituciones financieras compartir la información de KYC entre sí en Guatemala?
Sí, en ciertas circunstancias y con el consentimiento del cliente, las instituciones financieras pueden compartir información de KYC para prevenir el lavado de dinero y actividades ilegales. Esto se hace de manera segura y cumpliendo con las regulaciones de privacidad.
¿Puede el DPI ser utilizado como documento de identificación en transacciones bancarias en Guatemala?
Sí, el DPI puede ser utilizado como documento de identificación en transacciones bancarias en Guatemala. Es comúnmente requerido para abrir cuentas bancarias y realizar operaciones financieras que involucren la identificación del titular.
¿Existen disposiciones legales para la modificación de las órdenes de manutención en Guatemala?
Sí, las leyes guatemaltecas contemplan disposiciones legales para la modificación de las órdenes de manutención. Se pueden realizar modificaciones cuando existen cambios significativos en las circunstancias económicas o personales de las partes involucradas, garantizando así una adecuación justa de las obligaciones.
¿Qué medidas se toman para prevenir y abordar prácticas de corrupción en el ámbito del cumplimiento normativo en Guatemala?
Las empresas guatemaltecas deben implementar políticas anti-corrupción, llevar a cabo capacitaciones, realizar auditorías internas y externas, y establecer canales de denuncia para prevenir y abordar la corrupción. Además, deben cumplir con la legislación anticorrupción existente.
¿Existe algún límite de edad para la obtención del DPI en Guatemala?
No hay un límite de edad para la obtención del DPI en Guatemala. Los ciudadanos guatemaltecos pueden solicitar su DPI en cualquier etapa de su vida, incluyendo a los recién nacidos. Se recomienda obtener el DPI lo antes posible para facilitar diversas gestiones.
¿Cuál es el plazo para retener registros relacionados con transacciones en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Las entidades financieras y otras instituciones deben retener registros relacionados con transacciones durante un período específico, generalmente establecido por la legislación. Este plazo asegura que la información esté disponible para las autoridades en caso de investigaciones posteriores.
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