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¿Qué medidas específicas se aplican a las instituciones no financieras en la legislación AML guatemalteca?
Además de las instituciones financieras, la legislación AML guatemalteca aplica medidas específicas a las instituciones no financieras, como casas de empeño, casinos y otros negocios designados, para prevenir el lavado de dinero en diversos sectores.
¿Cuál es el proceso para la ejecución forzosa de un contrato de venta en Guatemala?
En caso de incumplimiento de un contrato de venta, la parte afectada puede iniciar un proceso de ejecución forzosa ante los tribunales guatemaltecos. Esto implica obtener una orden judicial para que se cumplan los términos del contrato y se reparen los daños.
¿Cómo se establecen las visitas y el contacto entre padres e hijos en Guatemala?
Las visitas y el contacto entre padres e hijos se establecen en base a la decisión del juez de familia. El juez considerará el interés superior del menor al determinar el régimen de visitas y contacto.
¿Se aplican requisitos de KYC a las cuentas de inversión en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las cuentas de inversión en Guatemala para garantizar que se conozca la identidad de los inversionistas y se prevenga el lavado de dinero.
¿Cuáles son las disposiciones para la resolución de conflictos en contratos de arrendamiento residencial en Guatemala?
Las disposiciones para la resolución de conflictos en contratos de arrendamiento residencial en Guatemala deben indicar claramente los pasos a seguir en caso de disputas. Esto puede incluir la negociación directa, la mediación o la acción legal. Estas disposiciones ofrecen un marco estructurado para resolver disputas de manera justa y eficiente.
¿Cuál es el papel de la Procuraduría de Defensa al Consumidor en casos de controversias en contratos de venta en Guatemala?
La Procuraduría de Defensa al Consumidor en Guatemala puede desempeñar un papel en la resolución de controversias en contratos de venta, actuando como mediadora entre las partes o incluso presentando acciones legales en nombre de los consumidores afectados. Su objetivo es velar por los derechos de los consumidores y garantizar prácticas comerciales justas.
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