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¿Cómo se establece la patria potestad en Guatemala?
En Guatemala, la patria potestad se establece automáticamente cuando los padres están casados. En caso de divorcio o separación, se otorga a uno de los padres o se comparte de acuerdo con lo que el juez determine, siempre considerando el interés superior del menor.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos de religión en Guatemala?
Los casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos de religión se abordan legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar la capacidad de las parejas para resolver conflictos y promover un ambiente familiar estable y saludable, respetando la diversidad religiosa y garantizando el bienestar del menor.
¿Cómo se penaliza el delito de ciberdelincuencia en Guatemala?
La ciberdelincuencia en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar actividades delictivas en el ámbito digital, protegiendo la seguridad de la información y los derechos de las personas en el ciberespacio.
¿Cuál es la función de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en relación con los deudores de impuestos?
La SAT en Guatemala es la entidad encargada de la administración y fiscalización de los impuestos. Su función principal es recaudar los impuestos adeudados y garantizar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. La SAT lleva a cabo auditorías y verifica que los contribuyentes cumplan con las leyes tributarias. También ofrece orientación y servicios para facilitar el cumplimiento fiscal.
¿Cuáles son los documentos de identificación válidos para el KYC en Guatemala?
Los documentos de identificación válidos en Guatemala generalmente incluyen cédulas de identidad, pasaportes y licencias de conducir. Estos documentos deben estar vigentes y contener información precisa.
¿Cuál es el plazo recomendado para retener los registros de debida diligencia en Guatemala?
Se recomienda retener los registros de debida diligencia durante al menos cinco años, pero las regulaciones específicas pueden variar según la entidad y la naturaleza de la transacción.
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