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¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la pena de muerte?
Guatemala abolió la pena de muerte en 1987 y la considera inconstitucional desde entonces. La pena de muerte no se aplica en el país.
¿Cuál es el proceso de rescisión de un contrato de venta en Guatemala?
La rescisión de un contrato de venta en Guatemala puede llevarse a cabo mediante acuerdo entre las partes o por decisión de un tribunal en caso de incumplimiento grave. La rescisión implica que las partes deben regresar al estado previo al contrato, devolviendo lo que se haya recibido.
¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la prevención de la corrupción y la complicidad en el sector público?
El enfoque de Guatemala en la prevención de la corrupción y la complicidad en el sector público implica medidas específicas para fortalecer la integridad y transparencia. Las leyes y políticas pueden orientarse a prevenir la complicidad en actos corruptos, protegiendo así la administración pública.
¿Cómo se abordan los casos de expedientes judiciales perdidos o extraviados en Guatemala?
En casos de expedientes judiciales perdidos o extraviados en Guatemala, se implementan medidas para localizar y recuperar la información. Esto puede incluir investigaciones internas, revisión de protocolos de seguridad y, en algunos casos, la reconstrucción de registros a partir de fuentes secundarias cuando sea posible.
¿Cómo se regula la venta de bienes culturales o artísticos en Guatemala en contratos de venta especializados?
La venta de bienes culturales o artísticos en Guatemala puede estar sujeta a regulaciones especiales para preservar el patrimonio cultural. Los contratos de venta de estos bienes pueden requerir aprobaciones específicas y deben cumplir con normativas destinadas a prevenir la salida ilegal de obras de arte o bienes de valor cultural.
¿Existe una definición clara de "persona políticamente expuesta" (PEP) en la legislación AML de Guatemala?
Sí, la legislación AML de Guatemala proporciona una definición clara de "persona políticamente expuesta" (PEP), incluyendo a funcionarios gubernamentales y personas con cargos públicos relevantes, así como a sus familiares cercanos y asociados.
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