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¿Cuál es la edad mínima de responsabilidad penal en Guatemala?
La edad mínima de responsabilidad penal en Guatemala es de 12 años. Esto significa que los menores de 12 años no pueden ser procesados penalmente por sus acciones.
¿Existe cooperación internacional en la aplicación de la legislación AML en Guatemala?
Sí, Guatemala coopera con otras jurisdicciones y entidades internacionales para abordar el lavado de dinero y actividades financieras ilícitas a nivel global.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos de edad en Guatemala?
Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de adopción por parte de parejas que han pasado por procesos de mediación de conflictos de edad establecen criterios y evaluaciones para garantizar la idoneidad del adoptante y la protección del bienestar del menor.
¿Qué medidas de seguridad se implementan para proteger la información de personas expuestas políticamente en Guatemala?
Se implementan medidas de seguridad, como sistemas informáticos seguros y controles de acceso, para proteger la información de personas expuestas políticamente en Guatemala. Estas medidas buscan prevenir el acceso no autorizado y garantizar la confidencialidad de los datos relacionados con estas personas.
¿Cómo se resuelven las disputas entre partes en un contrato de venta en Guatemala?
Las disputas entre partes en un contrato de venta en Guatemala pueden resolverse a través de negociación, mediación, arbitraje o litigio. La elección del método de resolución de disputas depende de lo que establezca el contrato y la voluntad de las partes. Los tribunales guatemaltecos pueden intervenir si es necesario.
¿Cuál es el proceso de registro de un contrato de arrendamiento en Guatemala?
En Guatemala, los contratos de arrendamiento no suelen requerir registro ante una autoridad pública. Sin embargo, es recomendable que las partes mantengan copias del contrato firmado y cumplan con sus obligaciones legales. En el caso de propiedades urbanas, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) puede requerir la presentación de contratos de arrendamiento para propósitos fiscales.
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