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¿Cuál es la definición legal de la legítima defensa en Guatemala?
La legítima defensa en Guatemala se define como el derecho de una persona a defenderse a sí misma o a otros contra una amenaza inminente de un ataque ilegítimo, siempre y cuando la respuesta sea proporcional y necesaria.
¿Cómo afecta el cumplimiento normativo en la responsabilidad legal de los directivos de empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo impacta en la responsabilidad legal de los directivos de empresas guatemaltecas al exigir que actúen de manera ética y cumplan con las regulaciones. Los directivos deben estar informados sobre las normativas relevantes, liderar con integridad y tomar decisiones que respeten el marco legal para evitar posibles responsabilidades legales.
¿Qué es un programa de cumplimiento en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Un programa de cumplimiento es un conjunto de políticas, procedimientos y medidas que las entidades reguladas en Guatemala implementan para prevenir el lavado de activos. Estos programas están diseñados para garantizar el cumplimiento de las regulaciones y la detección de operaciones sospechosas.
¿Qué leyes protegen a los candidatos de la discriminación basada en la información de verificaciones de antecedentes?
Las leyes guatemaltecas de no discriminación, como la Ley contra la Discriminación en el Empleo, protegen a los candidatos de la discriminación basada en información de verificaciones de antecedentes.
¿Puede un deudor alimentario solicitar la modificación de sus obligaciones debido a cambios en su situación financiera en Guatemala?
Sí, en Guatemala, un deudor alimentario puede solicitar la modificación de sus obligaciones de manutención en caso de cambios sustanciales en su situación financiera. Esto debe hacerse a través de los procedimientos legales adecuados.
¿Qué agencias o entidades en Guatemala son responsables de sancionar a los contratistas?
En Guatemala, las agencias o entidades responsables de sancionar a los contratistas pueden variar según el ámbito contractual. La Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Finanzas Públicas y otras entidades gubernamentales pueden tener jurisdicción en la imposición de sanciones. Además, en casos específicos, instituciones sectoriales o de servicios públicos pueden intervenir.
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