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¿Es obligatorio para los clientes proporcionar información detallada sobre la fuente de sus fondos en el proceso de KYC?
Sí, en el proceso de KYC, los clientes deben proporcionar información detallada sobre la fuente de sus fondos y activos. Esto ayuda a verificar que los fondos no provengan de actividades ilícitas.
¿Cuál es la vigencia del DPI en Guatemala?
El DPI en Guatemala tiene una vigencia de 10 años para las personas mayores de 18 años y de 5 años para los menores de edad. Al vencimiento, se debe solicitar la renovación del DPI y actualizar la información si es necesario.
¿Puede el DPI ser utilizado como documento de identificación en transacciones bancarias en Guatemala?
Sí, el DPI puede ser utilizado como documento de identificación en transacciones bancarias en Guatemala. Es comúnmente requerido para abrir cuentas bancarias y realizar operaciones financieras que involucren la identificación del titular.
¿Qué papel juegan los sindicatos en la selección de personal en Guatemala?
Los sindicatos en Guatemala pueden participar en la supervisión de los procesos de selección de personal, especialmente en el sector público y en empresas donde existen acuerdos colectivos con los trabajadores. Los sindicatos pueden velar por que los procesos de selección sean justos, transparentes y respeten los derechos laborales de los trabajadores.
¿Puede un ciudadano guatemalteco solicitar un DPI en un consulado o embajada si reside en el extranjero?
Sí, los ciudadanos guatemaltecos que residen en el extranjero pueden solicitar o renovar su DPI a través de consulados y embajadas de Guatemala. Deben seguir los procedimientos establecidos por el Registro Nacional de las Personas (RENAP) en el extranjero.
¿Qué es la Ley de Acceso a la Información Pública en relación con los antecedentes fiscales en Guatemala?
La Ley de Acceso a la Información Pública en Guatemala permite a las personas solicitar información relacionada con los antecedentes fiscales de contribuyentes y empresas. Esto promueve la transparencia y la rendición de cuentas en asuntos fiscales. Sin embargo, la SAT debe garantizar la confidencialidad y protección de la información personal y fiscal de los contribuyentes al proporcionar esta información en cumplimiento de la ley.
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