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¿Cuáles son los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala?
Los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala incluyen su posición en el gobierno, cargos oficiales, y roles destacados en organizaciones internacionales. También se consideran los lazos familiares cercanos con personas que ocupan tales posiciones. Estos criterios ayudan a identificar a individuos que podrían tener un mayor riesgo de participar en actividades financieras ilícitas.
¿Cuál es el papel de las agencias gubernamentales guatemaltecas en la supervisión y aplicación de las políticas de debida diligencia en diferentes sectores?
Las agencias gubernamentales supervisan y aplican las políticas de debida diligencia en sectores específicos, asegurando el cumplimiento y tomando medidas correctivas en caso de irregularidades.
¿Cuál es el propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala?
El propósito principal de los requisitos de KYC en Guatemala es garantizar que las instituciones financieras conozcan la identidad de sus clientes, comprendan la naturaleza de sus transacciones y detecten cualquier actividad sospechosa o ilegal.
¿Qué obligaciones tienen las instituciones financieras bajo la legislación AML guatemalteca?
Deben implementar medidas para prevenir el lavado de dinero, como la identificación de clientes, monitoreo de transacciones y presentación de informes a la Superintendencia de Bancos.
¿Cómo se clasifican los delitos subyacentes en la legislación AML de Guatemala?
La legislación AML de Guatemala clasifica los delitos subyacentes como aquellos que generan fondos ilícitos, como el narcotráfico, el terrorismo, la corrupción y otros, siendo objeto de persecución para prevenir el lavado de dinero.
¿Cuál es el enfoque legal para la protección de derechos de personas con discapacidad en asuntos familiares en Guatemala?
La protección de derechos de personas con discapacidad en asuntos familiares en Guatemala se aborda legalmente, considerando medidas especiales para garantizar la participación y bienestar de las personas con discapacidad en decisiones familiares y legales.
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