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¿Cuál es el plazo para retener registros relacionados con transacciones en el contexto de la prevención del lavado de activos en Guatemala?
Las entidades reguladas en Guatemala deben retener registros relacionados con transacciones durante un período determinado, generalmente de cinco a diez años, según las regulaciones aplicables. Esto permite una revisión adecuada y el cumplimiento de los requisitos de notificación.
¿Cuáles son las penas por el delito de narcotráfico en Guatemala?
El narcotráfico en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la producción, distribución y tráfico de sustancias ilícitas, protegiendo la salud pública y la seguridad del país.
¿Se aplican los requisitos de KYC a las instituciones de microfinanzas en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las instituciones de microfinanzas en Guatemala para prevenir el lavado de dinero y actividades ilícitas.
¿Qué es la "lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo" en Guatemala y cómo se maneja en la prevención del lavado de activos?
La lista de personas o entidades relacionadas con el terrorismo es un registro que identifica individuos o grupos vinculados al terrorismo. En la prevención del lavado de activos, las instituciones financieras y otras entidades deben verificar y reportar cualquier relación con estas personas o entidades, siguiendo las regulaciones y sanciones establecidas.
¿Cuál es el proceso de solicitud de expedientes judiciales para fines de investigación o genealogía en Guatemala?
El proceso de solicitud de expedientes judiciales para fines de investigación o genealogía en Guatemala puede requerir presentar una solicitud ante las autoridades judiciales pertinentes. Este proceso busca equilibrar el acceso a la información con la necesidad de preservar la privacidad y la confidencialidad.
¿Cómo se define el "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cuál es su relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa una posición prominente en el gobierno o en organismos públicos. Son considerados de alto riesgo en términos de financiación del terrorismo, y las instituciones financieras deben aplicar medidas de debida diligencia reforzada al interactuar con ellos.
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