Artículos recomendados
¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas garantizar la coherencia entre sus políticas internas de debida diligencia y las regulaciones internacionales?
La alineación se logra mediante la revisión regular de políticas internas, la participación en redes sectoriales para compartir mejores prácticas y la consulta con expertos legales especializados en legislación internacional.
¿Puede un cómplice ser condenado por un delito que no fue cometido o intentado?
En Guatemala, un cómplice puede ser condenado incluso si el delito no se cometió, siempre que haya participado activamente en la conspiración o intento del acto delictivo. La legislación sanciona la complicidad en etapas previas.
¿Cuál es el plazo de prescripción para el delito de complicidad en Guatemala?
El plazo de prescripción para el delito de complicidad en Guatemala puede variar según la naturaleza del delito principal. La legislación guatemalteca establece límites de tiempo para iniciar acciones legales, y estos plazos pueden ser diferentes según la gravedad y naturaleza del delito.
¿Cuáles son los trámites necesarios para solicitar una exención de impuestos en Guatemala y las situaciones aplicables?
Los trámites para solicitar una exención de impuestos en Guatemala incluyen presentar documentación que respalde la situación específica que da lugar a la exención ante la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Estos trámites aplican en situaciones particulares, como exenciones por importación de bienes específicos.
¿Cuáles son las mejores prácticas para evaluar y gestionar los riesgos asociados con la debida diligencia en el sector financiero guatemalteco?
Las mejores prácticas incluyen la implementación de tecnologías avanzadas, la capacitación continua del personal y la adaptación ágil a los cambios en el panorama normativo internacional.
¿Qué recursos de asesoramiento legal gratuito están disponibles para beneficiarios de manutención en Guatemala?
Los beneficiarios de manutención en Guatemala pueden acceder a recursos de asesoramiento legal gratuito a través de servicios gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro o clínicas legales. Estos recursos pueden proporcionar orientación legal a aquellos que enfrentan dificultades financieras para contratar asesoría jurídica.
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