Artículos recomendados
¿Qué papel desempeñan los abogados y notarios en el proceso de KYC en Guatemala?
Los abogados y notarios pueden actuar como testigos o verificadores de la identidad de los clientes en Guatemala, especialmente en transacciones legales y notariales.
¿Pueden los abogados solicitar la restricción de cierta información en expedientes judiciales por razones de seguridad en Guatemala?
En ciertos casos, los abogados pueden solicitar la restricción de cierta información en expedientes judiciales por razones de seguridad en Guatemala. Esta solicitud puede estar sujeta a la revisión y aprobación judicial para equilibrar la necesidad de seguridad con los principios de transparencia y acceso a la información.
¿Pueden los clientes acceder a su propia información de KYC en Guatemala?
Sí, en Guatemala, los clientes tienen el derecho de acceder a su propia información de KYC. Las instituciones financieras deben facilitar este acceso y proporcionar a los clientes la oportunidad de corregir cualquier información inexacta que pueda estar presente en sus registros de KYC.
¿Cuál es el proceso de registro de una empresa en Guatemala en relación con los antecedentes fiscales?
El proceso de registro de una empresa en Guatemala implica cumplir con requisitos fiscales, entre otros. Esto incluye la inscripción en la SAT y la obtención del Registro de Información Fiscal (RIF). Cumplir con estos requisitos es esencial para establecer buenos antecedentes fiscales y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los adultos mayores en asuntos familiares en Guatemala?
Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los adultos mayores en asuntos familiares incluyen medidas contra el abuso y la explotación. Se busca garantizar el respeto a sus decisiones y su participación en procesos legales.
¿Qué consecuencias legales puede enfrentar un deudor de impuestos en Guatemala?
Un deudor de impuestos en Guatemala puede enfrentar consecuencias legales que incluyen acciones de cobro, embargos, multas, recargos e incluso acciones judiciales. Las autoridades fiscales pueden recurrir a medidas legales para garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y la recuperación de los montos adeudados.
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