Artículos recomendados
¿Existe una legislación específica para la gestión de riesgos en Guatemala?
En Guatemala, no hay una legislación específica exclusiva para la gestión de riesgos. Sin embargo, las empresas pueden incorporar prácticas de gestión de riesgos como parte de sus programas de cumplimiento normativo y adoptar enfoques basados en riesgos para identificar, evaluar y mitigar posibles riesgos en sus operaciones.
¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas adaptar sus programas de debida diligencia para abordar los riesgos ambientales y sociales en sus operaciones internacionales?
La adaptación implica incorporar criterios ambientales y sociales en los procesos de debida diligencia, trabajar con socios que compartan valores sostenibles y cumplir con estándares internacionales que aborden estas preocupaciones.
¿Cuál es el impacto del cumplimiento normativo en la gestión de recursos humanos para empresas guatemaltecas?
El cumplimiento normativo impacta en la gestión de recursos humanos al exigir que las empresas guatemaltecas sigan regulaciones laborales específicas. Esto incluye normativas sobre contratación, condiciones laborales, derechos de los empleados y procesos disciplinarios.
¿Qué sucede si una persona no tiene un DPI en Guatemala?
El DPI es un documento de identificación obligatorio para los ciudadanos guatemaltecos, y su carencia puede dificultar la realización de diversos trámites y actividades. Es necesario para realizar transacciones bancarias, votar, inscribirse en escuelas y acceder a servicios gubernamentales, entre otros. Por lo tanto, se recomienda que todos los ciudadanos obtengan su DPI.
¿Puede un cómplice ser liberado antes de cumplir su pena mediante libertad condicional?
La posibilidad de liberación mediante libertad condicional para un cómplice dependerá de varios factores, incluida la legislación específica aplicable y el cumplimiento de los requisitos para acceder a este beneficio penitenciario.
¿Qué información de KYC se comparte con las autoridades en Guatemala?
Las instituciones financieras pueden estar obligadas a compartir información de KYC con las autoridades, especialmente en casos de actividades sospechosas o investigaciones de lavado de dinero.
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