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¿Cuáles son las opciones para los guatemaltecos en situación de DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) en Estados Unidos?
Los guatemaltecos en situación de DACA pueden beneficiarse de protecciones temporales contra la deportación y permisos de trabajo renovables. Es esencial mantenerse informado sobre los cambios en las políticas de DACA y buscar asesoramiento legal para entender mejor sus opciones.
¿Cuáles son las implicaciones fiscales para las empresas que operan en zonas francas en Guatemala?
Las empresas que operan en zonas francas en Guatemala pueden beneficiarse de incentivos fiscales, como la exención de ciertos impuestos. Sin embargo, existen regulaciones específicas que rigen estas operaciones, y el incumplimiento de las normativas puede resultar en sanciones y pérdida de beneficios fiscales.
¿Cuál es la función del chip electrónico en el DPI?
El chip electrónico en el DPI almacena información biométrica del titular, como la huella digital y la fotografía. Este chip contribuye a fortalecer la seguridad del documento y facilita la verificación de la identidad del titular en diversos contextos.
¿Cuáles son los plazos para presentar declaraciones de impuestos en Guatemala y cómo afectan los antecedentes fiscales?
En Guatemala, los contribuyentes deben presentar declaraciones de impuestos dentro de plazos establecidos por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). El cumplimiento oportuno de estos plazos es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales, ya que los retrasos pueden generar multas y sanciones.
¿Cuáles son las penas por el delito de violencia intrafamiliar en Guatemala?
La violencia intrafamiliar en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar cualquier forma de violencia física, psicológica o sexual dentro del ámbito familiar, protegiendo la integridad y seguridad de los miembros de la familia.
¿Qué agencias o entidades en Guatemala son responsables de sancionar a los contratistas?
En Guatemala, las agencias o entidades responsables de sancionar a los contratistas pueden variar según el ámbito contractual. La Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Finanzas Públicas y otras entidades gubernamentales pueden tener jurisdicción en la imposición de sanciones. Además, en casos específicos, instituciones sectoriales o de servicios públicos pueden intervenir.
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