Artículos recomendados
¿Cuáles son las medidas de debida diligencia para clientes extranjeros en Guatemala?
Se requiere una diligencia reforzada, verificando la identidad y la fuente de fondos de clientes extranjeros.
¿Qué constituye una actividad sospechosa en el contexto de AML en Guatemala?
Una actividad sospechosa en Guatemala puede incluir transacciones inusuales o sin una explicación lógica, así como aquellas relacionadas con el financiamiento del terrorismo o el lavado de dinero. Las instituciones financieras deben informar tales actividades a la Unidad de Análisis Financiero (UAF).
¿Pueden los contratistas sancionados en Guatemala apelar las sanciones impuestas?
Sí, los contratistas sancionados en Guatemala tienen el derecho de apelar las sanciones impuestas en su contra. Esto implica presentar una apelación ante la entidad o agencia que impuso la sanción, siguiendo los procedimientos y plazos establecidos. Si la apelación es desestimada, el contratista puede recurrir a instancias judiciales para buscar un recurso adicional.
¿Qué apoyo se brinda a los beneficiarios de manutención para acceder a recursos legales en Guatemala?
Los beneficiarios de manutención en Guatemala pueden recibir apoyo para acceder a recursos legales a través de servicios legales gratuitos, asesoramiento de instituciones gubernamentales y organizaciones no gubernamentales dedicadas a proteger los derechos de los beneficiarios.
¿Cómo se abordan las quejas o denuncias sobre prácticas corruptas de contratistas en Guatemala?
Las quejas o denuncias sobre prácticas corruptas de contratistas en Guatemala se abordan mediante investigaciones exhaustivas, la colaboración con entidades anticorrupción, la protección de denunciantes y la imposición de sanciones cuando se confirman irregularidades. La transparencia en estos procesos es clave para mantener la integridad en la contratación pública.
¿Cómo se penaliza el delito de robo agravado en Guatemala?
El robo agravado en Guatemala puede estar penado con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar la apropiación indebida de bienes de otra persona mediante violencia, amenazas o intimidación, protegiendo la propiedad y la seguridad ciudadana.
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