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¿Cuáles son las obligaciones del exportador en contratos de venta internacional desde Guatemala?
En contratos de venta internacional desde Guatemala, el exportador tiene obligaciones como preparar y entregar la mercancía, cumplir con requisitos aduaneros y documentación, y asegurar el transporte seguro. Estas obligaciones se detallan en el contrato y pueden estar sujetas a regulaciones internacionales.
¿Cuál es el papel de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala?
La UAF tiene la responsabilidad de recibir, analizar y procesar los informes de transacciones sospechosas, contribuyendo a la detección y prevención del lavado de dinero.
¿Se extiende el concepto de persona expuesta políticamente a nivel familiar en Guatemala?
En algunos casos, el concepto de persona expuesta políticamente puede extenderse a nivel familiar en Guatemala. Familiares cercanos de personas expuestas políticamente, como cónyuges e hijos, también pueden estar sujetos a medidas de debida diligencia mejorada debido a su relación con la persona expuesta políticamente.
¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la resolución de casos de secuestro?
El enfoque de Guatemala en la resolución de casos de secuestro generalmente implica la coordinación entre las fuerzas de seguridad y las autoridades judiciales. La rápida intervención, la negociación, cuando es posible, y la aplicación de sanciones penales son componentes clave en la lucha contra el secuestro. Conocer los protocolos y recursos disponibles para combatir este delito es crucial para abordar eficazmente los casos de secuestro en el país.
¿Quién supervisa las actividades AML en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala.
¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la prevención de la corrupción y la complicidad en el sector público?
El enfoque de Guatemala en la prevención de la corrupción y la complicidad en el sector público implica medidas específicas para fortalecer la integridad y transparencia. Las leyes y políticas pueden orientarse a prevenir la complicidad en actos corruptos, protegiendo así la administración pública.
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