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¿Cuál es la diferencia entre una auditoría fiscal y una inspección fiscal en relación con los antecedentes fiscales?
En Guatemala, una auditoría fiscal y una inspección fiscal son procesos distintos. La auditoría implica una revisión detallada de la situación fiscal de un contribuyente, mientras que la inspección es una verificación más superficial. Ambas pueden afectar los antecedentes fiscales al identificar posibles problemas, pero una auditoría generalmente es más exhaustiva y puede tener consecuencias más significativas.
¿Cuál es el papel de los tribunales y el sistema judicial guatemalteco en la resolución de disputas relacionadas con la debida diligencia?
Los tribunales y el sistema judicial tienen la responsabilidad de resolver disputas relacionadas con la debida diligencia, garantizando la justicia y el cumplimiento de las leyes establecidas para este fin en Guatemala.
¿Cuál es el proceso para reportar actividades sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en Guatemala?
Se deben seguir los procedimientos establecidos para informar a la UAF sobre cualquier actividad sospechosa que pueda estar relacionada con el lavado de dinero.
¿Cómo se determina la cuantía de las obligaciones de manutención en Guatemala?
La cuantía de las obligaciones de manutención en Guatemala se determina teniendo en cuenta diversos factores, como los ingresos del deudor, las necesidades del beneficiario, el número de dependientes y otros elementos pertinentes. Los tribunales evalúan estas circunstancias para establecer una cantidad justa y adecuada.
¿Cuál es el procedimiento para cambiar el nombre de un menor en Guatemala?
Cambiar el nombre de un menor en Guatemala requiere un proceso legal que debe ser presentado ante un juzgado. Las razones válidas para el cambio de nombre incluyen circunstancias excepcionales y deben ser aprobadas por un juez.
¿Qué agencias o entidades en Guatemala son responsables de sancionar a los contratistas?
En Guatemala, las agencias o entidades responsables de sancionar a los contratistas pueden variar según el ámbito contractual. La Contraloría General de Cuentas, el Ministerio de Finanzas Públicas y otras entidades gubernamentales pueden tener jurisdicción en la imposición de sanciones. Además, en casos específicos, instituciones sectoriales o de servicios públicos pueden intervenir.
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