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¿Cuáles son los derechos de los guatemaltecos en España en cuanto a la libertad de expresión y asociación?
Los guatemaltecos en España tienen derechos fundamentales, como la libertad de expresión y asociación. Pueden expresar sus opiniones y unirse a asociaciones sin temor a represalias, siempre y cuando ejerzan estos derechos de manera pacífica y legal.
¿Cómo se establecen las responsabilidades parentales en Guatemala?
Las responsabilidades parentales se establecen en función del interés superior del menor en Guatemala. En casos de divorcio o separación, el juez determinará la custodia y el régimen de visitas, considerando el bienestar del niño. Los padres tienen la responsabilidad de proveer para sus hijos.
¿Cuáles son los derechos de los guatemaltecos víctimas de trata de personas en España?
Los guatemaltecos víctimas de trata de personas en España tienen derechos protegidos por la legislación. Estos derechos incluyen acceso a asistencia legal, atención médica, y protección durante los procedimientos judiciales. Es crucial buscar apoyo y denunciar estos casos.
¿Cuál es el proceso de divorcio en Guatemala?
El proceso de divorcio en Guatemala puede ser de mutuo acuerdo o contencioso. Inicia con la presentación de una demanda ante el juzgado competente. El juez dictaminará la división de bienes y la custodia de los hijos, si los hubiera, de acuerdo con la legislación guatemalteca.
¿Se extiende el concepto de persona expuesta políticamente a nivel familiar en Guatemala?
En algunos casos, el concepto de persona expuesta políticamente puede extenderse a nivel familiar en Guatemala. Familiares cercanos de personas expuestas políticamente, como cónyuges e hijos, también pueden estar sujetos a medidas de debida diligencia mejorada debido a su relación con la persona expuesta políticamente.
¿Cómo se asegura la imparcialidad en los procedimientos de sanción a contratistas en Guatemala?
La imparcialidad en los procedimientos de sanción a contratistas en Guatemala se asegura mediante la designación de entidades supervisoras independientes, la separación de funciones entre las autoridades sancionadoras y las que llevan a cabo investigaciones, y la garantía de que los contratistas tengan la oportunidad de presentar su defensa de manera equitativa.
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