Artículos recomendados
¿Quiénes son los reguladores y supervisores de AML en Guatemala?
En Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son los principales reguladores y supervisores de AML.
¿Qué recursos legales están disponibles para los candidatos si consideran que una verificación de antecedentes fue injusta?
Los candidatos pueden buscar asesoramiento legal y presentar quejas ante las autoridades si consideran que una verificación de antecedentes fue injusta o discriminatoria.
¿Cómo se mantiene la confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en Guatemala?
La confidencialidad de la información recopilada durante la debida diligencia en Guatemala está protegida por las leyes de privacidad y confidencialidad. Las instituciones y entidades reguladas están obligadas a mantener la información en un entorno seguro y solo divulgarla a las partes autorizadas, como las autoridades de supervisión y la UAF.
¿Qué ocurre si los bienes subastados no cubren completamente la deuda en Guatemala?
Si los bienes subastados no cubren completamente la deuda en Guatemala, el deudor sigue siendo responsable de la diferencia. El acreedor puede buscar otras formas de recuperar la deuda restante, como solicitar un embargo adicional o iniciar un proceso de cobro.
¿Cuál es el procedimiento para realizar la debida diligencia mejorada en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La debida diligencia mejorada implica un escrutinio más detallado de las operaciones y clientes de alto riesgo. Las instituciones financieras y otras entidades deben realizar una evaluación más exhaustiva, recopilar información adicional y obtener la aprobación de niveles superiores antes de llevar a cabo la transacción.
¿Quién tiene acceso a los antecedentes judiciales en Guatemala?
En Guatemala, el acceso a los antecedentes judiciales suele estar restringido y solo está disponible para ciertos organismos gubernamentales, instituciones judiciales y aquellos que tengan un interés legítimo, como empleadores o instituciones educativas, en función de la autorización del individuo.
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