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¿Qué es el lavado de activos y cómo se define en la legislación guatemalteca?
El lavado de activos se refiere al proceso de ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o fondos, haciéndolos aparecer como legítimos. En Guatemala, el lavado de activos se define y regula principalmente en la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, que establece sanciones y medidas preventivas.
¿Cuál es la importancia de las cláusulas de fuerza mayor en contratos de venta internacional hacia Guatemala?
Las cláusulas de fuerza mayor son importantes en contratos de venta internacional hacia Guatemala para abordar situaciones imprevistas que pueden afectar el cumplimiento del contrato. Estas cláusulas definen los eventos considerados de fuerza mayor y establecen cómo afectarán las obligaciones contractuales.
¿Cómo pueden las empresas guatemaltecas adaptarse a los cambios en las regulaciones de debida diligencia a nivel internacional?
La adaptación implica mantenerse informadas sobre las actualizaciones regulatorias, ajustar políticas internas y capacitar al personal para cumplir con los nuevos requisitos internacionales.
¿Cuál es el papel de las agencias gubernamentales en la supervisión de las obligaciones de manutención en Guatemala?
Las agencias gubernamentales en Guatemala tienen el papel de supervisar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones de manutención. Esto incluye la aplicación de medidas legales y la colaboración con otras entidades para asegurar que se cumplan las órdenes judiciales.
¿Qué información deben recopilar las instituciones financieras durante el proceso de KYC en Guatemala?
Las instituciones financieras en Guatemala deben recopilar información que incluye la identificación del cliente, información financiera, el propósito de la cuenta o transacción, y la fuente de los fondos. Además, deben verificar la precisión de esta información.
¿Qué se entiende por "persona expuesta políticamente" en el contexto guatemalteco?
En Guatemala, una "persona expuesta políticamente" se refiere a individuos que ocupan o han ocupado cargos públicos prominentes. Esto puede incluir a funcionarios gubernamentales, legisladores, jueces u otros titulares de cargos públicos que, debido a su posición, pueden enfrentar un mayor riesgo de corrupción o ser objeto de escrutinio especial en el ámbito financiero.
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