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¿La legislación AML guatemalteca se aplica solo a instituciones financieras?
No, también se aplica a otras entidades como casinos, casas de cambio y negocios relacionados con joyería y metales preciosos.
¿Cuál es la función de la Intendencia de Verificación Especial en la prevención del lavado de activos en Guatemala?
La Intendencia de Verificación Especial en Guatemala tiene la función de supervisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de prevención del lavado de activos. Puede realizar auditorías y evaluaciones para asegurar que las entidades sujetas cumplan con las normativas y apliquen medidas efectivas para prevenir el lavado de activos.
¿Existen regulaciones específicas para la gestión de expedientes judiciales en el ámbito de los tribunales de familia en Guatemala?
Sí, existen regulaciones específicas para la gestión de expedientes judiciales en el ámbito de los tribunales de familia en Guatemala. Estas regulaciones abordan las particularidades de los casos relacionados con derecho de familia, asegurando un enfoque sensible y especializado en la administración de estos expedientes.
¿Cómo se penaliza el delito de ciberdelincuencia en Guatemala?
La ciberdelincuencia en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar actividades delictivas en línea, como el acceso no autorizado a sistemas informáticos o la manipulación de datos, protegiendo la seguridad digital y la privacidad.
¿Cuáles son las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de desplazamiento interno en Guatemala?
Las disposiciones legales para la protección de los derechos de los niños en casos de desplazamiento interno en Guatemala incluyen medidas para garantizar su seguridad, bienestar y acceso a servicios esenciales durante situaciones de crisis o conflictos internos.
¿Cuál es el proceso legal para la determinación de la capacidad parental en casos de disputa en Guatemala?
El proceso legal para la determinación de la capacidad parental en casos de disputa implica evaluaciones por parte de profesionales, como psicólogos y trabajadores sociales. Los tribunales consideran estos informes para tomar decisiones en el mejor interés del menor.
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