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¿Cuáles son las disposiciones legales para la modificación de las órdenes de manutención en Guatemala?
Las disposiciones legales en Guatemala permiten la modificación de las órdenes de manutención en casos de cambios sustanciales en las circunstancias económicas o personales de las partes involucradas. Este proceso busca garantizar la justicia y la adecuación de las obligaciones establecidas por el tribunal.
¿Puede un tercero impugnar un embargo en Guatemala?
Sí, un tercero que tenga interés en los bienes embargados puede impugnar el embargo si considera que los bienes no deberían haber sido objeto de embargo o si tiene derechos sobre ellos. Esto puede dar lugar a un proceso legal adicional para determinar la propiedad de los bienes.
¿Qué funciones realiza el Instituto Guatemalteco de Turismo en la debida diligencia de empresas del sector turístico?
El Instituto Guatemalteco de Turismo participa en la debida diligencia del sector turístico al promover prácticas sostenibles, asegurando que las empresas cumplan con regulaciones para el desarrollo responsable del turismo.
¿Qué es el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) y quiénes están obligados a presentarlo en Guatemala?
El Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) es un informe que deben presentar las instituciones financieras y otras entidades reguladas en Guatemala cuando identifican operaciones que pueden estar relacionadas con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. El ROS se presenta ante la UAF.
¿Existe algún límite de edad para la obtención del DPI en Guatemala?
No hay un límite de edad para la obtención del DPI en Guatemala. Los ciudadanos guatemaltecos pueden solicitar su DPI en cualquier etapa de su vida, incluyendo a los recién nacidos. Se recomienda obtener el DPI lo antes posible para facilitar diversas gestiones.
¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la economía y la infraestructura en Guatemala?
El impacto de las sanciones a contratistas en Guatemala puede ser significativo para la economía y la infraestructura. Las sanciones pueden resultar en retrasos en proyectos, costos adicionales y la pérdida de confianza en la inversión en infraestructura. Sin embargo, las sanciones también son fundamentales para garantizar la integridad en los proyectos y prevenir prácticas corruptas que pueden socavar la economía y la calidad de la infraestructura.
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