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¿Cuál es el proceso de resolución de disputas mediante arbitraje nacional en contratos de venta en Guatemala?
El proceso de resolución de disputas mediante arbitraje nacional en contratos de venta en Guatemala implica que las partes sometan sus diferencias a un árbitro o tribunal de arbitraje. El laudo arbitral resultante tiene la misma fuerza ejecutiva que una sentencia judicial.
¿Qué requisitos específicos de debida diligencia se aplican a las transacciones financieras internacionales en Guatemala?
Las transacciones internacionales están sujetas a regulaciones de debida diligencia para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
¿Cuáles son las medidas para prevenir el lavado de activos en transacciones inmobiliarias en Guatemala?
En transacciones inmobiliarias en Guatemala, se implementan medidas para prevenir el lavado de activos. Esto incluye la verificación de la identidad de las partes involucradas, la revisión de la procedencia de fondos, y la colaboración con autoridades para reportar operaciones sospechosas en el ámbito inmobiliario.
¿Qué regulaciones rigen a los deudores de impuestos en Guatemala?
Los deudores de impuestos en Guatemala están regulados principalmente por el Código Tributario y otras leyes tributarias. Estas leyes establecen las obligaciones de los contribuyentes, los plazos para presentar declaraciones y pagar impuestos, y las sanciones por incumplimiento. Además, la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) es la entidad encargada de la recaudación y fiscalización de impuestos en el país.
¿Existe cooperación internacional en la aplicación de la legislación AML en Guatemala?
Sí, Guatemala coopera con otras jurisdicciones y entidades internacionales para abordar el lavado de dinero y actividades financieras ilícitas a nivel global.
¿Cómo se define el "cliente políticamente expuesto" (PEP) y cuál es su relevancia en la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Un "cliente políticamente expuesto" (PEP) es una persona que ocupa una posición prominente en el gobierno o en organismos públicos. Son considerados de alto riesgo en términos de financiación del terrorismo, y las instituciones financieras deben aplicar medidas de debida diligencia reforzada al interactuar con ellos.
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