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¿Cuál es la importancia de la voluntariedad en la complicidad según la ley guatemalteca?
La voluntariedad es esencial para establecer la complicidad en Guatemala. El cómplice debe cooperar voluntariamente en el delito; no puede ser forzado o actuar bajo amenaza. La voluntariedad demuestra su participación activa.
¿Cuál es el papel de la Superintendencia de Bancos de Guatemala en la supervisión de medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionadas con personas expuestas políticamente?
La Superintendencia de Bancos de Guatemala desempeña un papel crucial en la supervisión de medidas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo relacionadas con personas expuestas políticamente. Esto incluye la emisión de directrices, la realización de auditorías y la imposición de sanciones en casos de incumplimiento por parte de las instituciones financieras.
¿Hay cooperación internacional en la aplicación de la legislación AML en Guatemala?
Sí, Guatemala coopera con otras jurisdicciones y entidades internacionales para abordar el lavado de dinero global.
¿Qué regulaciones existen para la selección de personal en el ámbito de la seguridad privada en Guatemala?
En el ámbito de la seguridad privada en Guatemala, la selección de personal puede estar sujeta a regulaciones específicas para garantizar la idoneidad y la integridad de los empleados encargados de la seguridad. Pueden aplicarse requisitos adicionales en relación con la formación y la verificación de antecedentes.
¿Qué leyes regulan la revisión de antecedentes de personal en instituciones educativas en Guatemala?
Las instituciones educativas deben cumplir con las regulaciones de privacidad y protección de datos al llevar a cabo verificaciones de antecedentes.
¿Cómo se garantiza el debido proceso en los procedimientos de sanción de contratistas en Guatemala?
El debido proceso se garantiza en los procedimientos de sanción de contratistas en Guatemala al seguir principios fundamentales de justicia. Esto incluye la notificación adecuada de las acusaciones, el derecho del contratista a presentar pruebas y argumentos en su defensa, y la revisión imparcial de la evidencia. Las autoridades deben asegurar que los procedimientos sean transparentes y justos.
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