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¿Qué autoridades o instituciones tienen jurisdicción sobre asuntos de manutención en Guatemala?
Las autoridades que tienen jurisdicción sobre asuntos de manutención en Guatemala son los tribunales de familia y las autoridades judiciales correspondientes. Estas entidades son responsables de emitir órdenes de manutención, supervisar su cumplimiento y tomar medidas para hacer cumplir las obligaciones de manutención. También se trabaja en colaboración con el Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos para garantizar el seguimiento.
¿Cuáles son las opciones de inmigración humanitaria para guatemaltecos en Estados Unidos?
Las opciones de inmigración humanitaria para guatemaltecos en Estados Unidos incluyen el asilo político, la Visa U para víctimas de crímenes, y el TPS (Estatus de Protección Temporal). Estas opciones están diseñadas para personas que enfrentan situaciones difíciles y buscan protección en Estados Unidos.
¿Cuál es el rol de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la debida diligencia de empresas en Guatemala?
La SAT en Guatemala desempeña un papel en la debida diligencia al supervisar el cumplimiento tributario de las empresas, asegurando que cumplan con sus obligaciones fiscales de manera transparente y legal.
¿Puede el DPI ser utilizado como documento de identificación en transacciones bancarias en Guatemala?
Sí, el DPI puede ser utilizado como documento de identificación en transacciones bancarias en Guatemala. Es comúnmente requerido para abrir cuentas bancarias y realizar operaciones financieras que involucren la identificación del titular.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de las normativas AML en Guatemala?
Las sanciones pueden incluir multas, cancelación de licencias y penas de prisión, dependiendo de la gravedad de la violación a las normativas AML.
¿Cómo se asegura la imparcialidad en los procedimientos de sanción a contratistas en Guatemala?
La imparcialidad en los procedimientos de sanción a contratistas en Guatemala se asegura mediante la designación de entidades supervisoras independientes, la separación de funciones entre las autoridades sancionadoras y las que llevan a cabo investigaciones, y la garantía de que los contratistas tengan la oportunidad de presentar su defensa de manera equitativa.
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