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¿Existen regulaciones específicas para la digitalización de expedientes judiciales en Guatemala?
Sí, Guatemala cuenta con regulaciones específicas para la digitalización de expedientes judiciales, estableciendo normas de seguridad, formato de documentos digitales y requisitos de autenticación para garantizar la integridad de los expedientes electrónicos.
¿Existe una definición clara de "persona políticamente expuesta" (PEP) en la legislación AML de Guatemala?
Sí, la legislación AML de Guatemala proporciona una definición clara de "persona políticamente expuesta" (PEP), incluyendo a funcionarios gubernamentales y personas con cargos públicos relevantes, así como a sus familiares cercanos y asociados.
¿Existe cooperación internacional en la lucha contra el lavado de dinero en Guatemala? ¿Con qué organismos internacionales se colabora?
Sí, Guatemala coopera internacionalmente en la lucha contra el lavado de dinero. Colabora con organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y otras entidades regionales e internacionales para fortalecer la eficacia de sus medidas contra el lavado de dinero.
¿Cuál es la diferencia entre un contrato de compraventa y un contrato de suministro en Guatemala?
Un contrato de compraventa implica la transferencia de propiedad de un bien a cambio de un precio, mientras que un contrato de suministro implica la entrega de bienes o servicios en virtud de un acuerdo de suministro. En el segundo, la transferencia de propiedad puede no ser el objetivo principal.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de violencia económica en el ámbito familiar en Guatemala?
La violencia económica en el ámbito familiar en Guatemala puede ser abordada legalmente a través de denuncias y solicitudes de medidas de protección. Los tribunales pueden intervenir para prevenir y sancionar este tipo de violencia.
¿Cómo se abordan las denuncias de incumplimiento normativo en el ámbito laboral en Guatemala?
En el ámbito laboral guatemalteco, las denuncias de incumplimiento normativo deben ser abordadas a través de procesos transparentes y justos. Las empresas deben contar con mecanismos para recibir denuncias, investigarlas de manera imparcial y tomar las acciones correctivas necesarias, garantizando al mismo tiempo la protección del denunciante contra represalias.
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