Artículos recomendados
¿Qué enfoque se sigue en la debida diligencia de terceros en Guatemala?
En la debida diligencia de terceros, se evalúa el riesgo asociado con las relaciones comerciales con terceros y se toman medidas para garantizar que cumplan con las regulaciones aplicables.
¿Puede un deudor alimentario solicitar una revisión de sus obligaciones en caso de dificultades financieras en Guatemala?
Sí, un deudor alimentario en Guatemala puede solicitar una revisión de sus obligaciones de manutención en caso de dificultades financieras sustanciales. Para ello, debe presentar una solicitud al tribunal de familia y proporcionar pruebas de sus circunstancias económicas. El tribunal considerará las pruebas y puede ajustar las obligaciones de manutención si se justifica.
¿Puede un empleador guatemalteco contratar a trabajadores extranjeros para puestos vacantes?
Sí, un empleador guatemalteco puede contratar a trabajadores extranjeros para puestos vacantes, siempre que cumpla con los procedimientos legales y obtenga los permisos correspondientes. Las leyes migratorias y laborales establecen los requisitos para la contratación de empleados extranjeros en Guatemala.
¿Qué sucede si un cómplice decide denunciar el delito antes de que ocurra?
Si el cómplice decide denunciar el delito o evitar que se cometa antes de su ejecución, podría argumentar una exención de responsabilidad o una reducción de pena. Esta situación puede ser evaluada por el tribunal.
¿Cómo se abordan las transacciones internacionales en el marco de AML en Guatemala?
Las transacciones internacionales están sujetas a un escrutinio riguroso en el marco de AML en Guatemala. Las instituciones financieras deben aplicar debida diligencia reforzada a las transacciones internacionales para asegurarse de que cumplan con las regulaciones y no estén relacionadas con actividades ilegales.
¿Pueden los abogados y contadores estar involucrados en actividades de financiación del terrorismo en Guatemala?
La legislación guatemalteca establece que los profesionales como abogados y contadores deben cumplir con regulaciones específicas para prevenir su involucramiento en actividades de financiación del terrorismo. Están sujetos a obligaciones de reporte y debida diligencia para prevenir el mal uso de sus servicios.
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