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¿Cuál es el marco legal que regula el derecho de familia en Guatemala?
En Guatemala, el derecho de familia está regulado principalmente por el Código Civil guatemalteco, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y otros instrumentos legales relacionados. Estos códigos establecen las normativas que rigen el matrimonio, el divorcio, la patria potestad, la adopción y otros asuntos relacionados con la familia.
¿La legislación AML guatemalteca solo se aplica a instituciones financieras?
No, también se aplica a otras entidades como casinos, casas de cambio y negocios relacionados con joyería y metales preciosos.
¿Cómo se determina la jurisdicción competente en caso de disputas en contratos de venta internacionales en Guatemala?
La determinación de la jurisdicción competente en caso de disputas en contratos de venta internacionales en Guatemala puede regirse por cláusulas específicas en el contrato, como la elección de un tribunal o la aplicación de reglas de jurisdicción internacional.
¿Puede un individuo solicitar que se elimine su información de antecedentes judiciales de bases de datos privadas en Guatemala?
Sí, un individuo puede solicitar que se elimine su información de antecedentes judiciales de bases de datos privadas en Guatemala si la información se mantiene sin autorización o si se considera inexacta o perjudicial. Las empresas deben cumplir con estas solicitudes de acuerdo con las leyes de privacidad.
¿Cómo se define una "transacción sospechosa" en el contexto de la prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Una "transacción sospechosa" se define como una operación financiera que, por su naturaleza, monto, frecuencia o características, sugiere que podría estar relacionada con la financiación del terrorismo. Las instituciones financieras y otras entidades reguladas deben informar estas operaciones a la UAF.
¿Qué medidas se toman para evitar el financiamiento del terrorismo a través de donaciones caritativas en Guatemala?
Las donaciones caritativas están sujetas a escrutinio para garantizar que no se utilicen con fines de financiamiento del terrorismo, y las ONGs deben informar sobre sus actividades financieras.
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