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¿Cuál es el papel de las asociaciones empresariales en el fortalecimiento de la debida diligencia en el tejido empresarial guatemalteco?
Las asociaciones empresariales pueden facilitar la creación de estándares comunes, ofrecer recursos de formación y abogar por políticas que fomenten prácticas de debida diligencia en toda la industria.
¿Cómo se promueve la competencia justa entre contratistas en Guatemala?
La promoción de la competencia justa entre contratistas en Guatemala se logra a través de la implementación de procedimientos de licitación transparentes y abiertos, donde las empresas pueden competir en igualdad de condiciones. Se busca prevenir prácticas monopólicas y garantizar que las empresas sean seleccionadas por méritos técnicos y financieros. La regulación y supervisión de las licitaciones son fundamentales para fomentar la competencia justa.
¿Se extiende el concepto de persona expuesta políticamente a nivel familiar en Guatemala?
En algunos casos, el concepto de persona expuesta políticamente puede extenderse a nivel familiar en Guatemala. Familiares cercanos de personas expuestas políticamente, como cónyuges e hijos, también pueden estar sujetos a medidas de debida diligencia mejorada debido a su relación con la persona expuesta políticamente.
¿Cómo se abordan legalmente los casos de impugnación de la paternidad en Guatemala?
Los casos de impugnación de la paternidad se abordan legalmente en Guatemala. Los tribunales pueden considerar pruebas y circunstancias específicas para determinar la validez de la impugnación, garantizando la protección de los derechos del menor y la justicia en el establecimiento de la paternidad.
¿Cuáles son los plazos para la prescripción de delitos en Guatemala?
Los plazos de prescripción de delitos pueden variar, pero generalmente oscilan entre 5 y 20 años, dependiendo del delito.
¿Cuál es el proceso legal para la protección de menores en casos de negligencia educativa en Guatemala?
El proceso legal para la protección de menores en casos de negligencia educativa se aborda mediante denuncias y acciones judiciales. Los tribunales pueden intervenir para proteger a los niños y garantizar su acceso a la educación, sancionando a aquellos que descuiden esta responsabilidad.
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