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¿Cómo se promueve la competencia justa entre contratistas en Guatemala?
La promoción de la competencia justa entre contratistas en Guatemala se logra mediante la implementación de procesos de licitación transparentes, la divulgación de oportunidades de contratación, la eliminación de barreras innecesarias y la aplicación de reglas que fomenten la participación de diversos actores en igualdad de condiciones.
¿Se requiere el consentimiento del individuo para llevar a cabo la verificación de antecedentes en Guatemala?
Sí, generalmente se requiere el consentimiento del individuo para llevar a cabo la verificación de antecedentes en Guatemala. Los individuos deben proporcionar su consentimiento por escrito para permitir que se realice la verificación de sus antecedentes personales.
¿Puede un tercero impugnar un embargo en Guatemala?
Sí, un tercero que tenga interés en los bienes embargados puede impugnar el embargo si considera que los bienes no deberían haber sido objeto de embargo o si tiene derechos sobre ellos. Esto puede dar lugar a un proceso legal adicional para determinar la propiedad de los bienes.
¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la lucha contra el tráfico de personas?
Guatemala ha implementado políticas y leyes para combatir el tráfico de personas. Se centra en la prevención, la protección de víctimas y la persecución de traficantes, en colaboración con organizaciones internacionales.
¿Cómo se abordan los casos de delitos contra el patrimonio cultural en Guatemala?
Los casos de delitos contra el patrimonio cultural en Guatemala se abordan mediante leyes específicas que protegen el legado cultural del país. Estos delitos pueden incluir el saqueo arqueológico, el tráfico ilegal de bienes culturales y otros actos que amenacen el patrimonio cultural. Conocer las leyes y los mecanismos disponibles para abordar estos casos es esencial para preservar la riqueza cultural de Guatemala.
¿Cuál es la edad mínima para que un menor pueda expresar su opinión en asuntos judiciales en Guatemala?
En Guatemala, a partir de los 12 años, se considera la opinión del menor en asuntos judiciales relacionados con la custodia o adopción, siempre que sea acorde con su interés superior y capacidad para comprender la situación.
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