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¿Se aplican los requisitos de KYC a las organizaciones sin fines de lucro en Guatemala?
Sí, los requisitos de KYC se aplican a las organizaciones sin fines de lucro en Guatemala para prevenir el uso indebido de fondos con fines ilícitos.
¿Cuáles son los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala?
Los criterios utilizados para definir a una persona como expuesta políticamente en Guatemala incluyen su posición en el gobierno, cargos oficiales, y roles destacados en organizaciones internacionales. También se consideran los lazos familiares cercanos con personas que ocupan tales posiciones. Estos criterios ayudan a identificar a individuos que podrían tener un mayor riesgo de participar en actividades financieras ilícitas.
¿De qué manera las empresas guatemaltecas pueden liderar iniciativas de responsabilidad social empresarial a través de la debida diligencia?
La lideran impulsando prácticas sostenibles, apoyando comunidades locales, y adoptando enfoques de negocio éticos, contribuyendo así al desarrollo social y económico de Guatemala.
¿Cuál es el proceso para solicitar una prórroga de estancia en España como guatemalteco?
Si deseas extender tu estancia en España, debes solicitar una prórroga antes de que expire tu visa o permiso de residencia. Debes demostrar la necesidad de la prórroga y cumplir con los requisitos específicos para la categoría de visa o permiso correspondiente.
¿Cómo afecta el endeudamiento fiscal al país y a los contribuyentes en Guatemala?
El endeudamiento fiscal en Guatemala puede afectar la estabilidad económica y financiera del país al incrementar la carga de la deuda. Esto puede llevar a la necesidad de implementar medidas fiscales adicionales, impactando a los contribuyentes a través de posibles aumentos de impuestos o reducción de servicios públicos.
¿Qué derechos tienen los contratistas durante una investigación de sanción en Guatemala?
Durante una investigación de sanción en Guatemala, los contratistas tienen derechos fundamentales, como el derecho a ser informados de las acusaciones, el derecho a presentar pruebas y argumentos en su defensa, y el derecho a un proceso imparcial. Estos derechos buscan asegurar que los contratistas sean tratados de manera justa durante el proceso de determinación de sanciones.
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