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¿Cuál es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala.
¿Cuál es el proceso para solicitar la rectificación de información incorrecta en un expediente judicial en Guatemala?
El proceso para solicitar la rectificación de información incorrecta en un expediente judicial en Guatemala generalmente implica presentar una solicitud al tribunal correspondiente, acompañada de pruebas que respalden la corrección necesaria.
¿Cómo se regulan las condiciones de transporte en contratos de venta internacional hacia Guatemala?
Las condiciones de transporte en contratos de venta internacional hacia Guatemala se regulan mediante la inclusión de cláusulas específicas que detallan los términos de entrega, responsabilidades de transporte, seguros y riesgos asociados. Las partes deben acordar condiciones que se alineen con las necesidades y expectativas de ambas partes.
¿Cómo se abordan los delitos de corrupción y crimen organizado en Guatemala?
Los delitos de corrupción y crimen organizado se abordan a través de investigaciones y acciones legales coordinadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Se han establecido juzgados y fiscalías especializadas para estos casos.
¿Existen sanciones por el uso fraudulento o ilegal del DPI en Guatemala?
Sí, el uso fraudulento o ilegal del DPI puede conllevar sanciones legales. El documento es de uso personal y su utilización indebida puede constituir un delito. Las autoridades guatemaltecas pueden aplicar medidas legales contra aquellos que utilicen el DPI de manera incorrecta o fraudulenta.
¿Cuál es el impacto del lavado de activos en la estabilidad financiera y económica de Guatemala?
El impacto del lavado de activos en la estabilidad financiera y económica de Guatemala es significativo. Esta actividad ilícita puede distorsionar los mercados, debilitar la integridad del sistema financiero y afectar la confianza de los inversionistas. Las autoridades trabajan para prevenir y combatir el lavado de activos, protegiendo así la estabilidad económica del país.
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