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¿Cuáles son las obligaciones y derechos del vendedor en un contrato de venta en Guatemala?
El vendedor en un contrato de venta en Guatemala tiene la obligación de entregar el bien vendido de acuerdo con los términos del contrato. Además, debe garantizar que el bien esté libre de defectos y cargas. El vendedor tiene el derecho a recibir el precio acordado y, en algunos casos, a retener la posesión del bien hasta su pago.
¿Cuáles son las implicaciones para las personas expuestas políticamente en el ámbito empresarial en Guatemala?
Las personas expuestas políticamente en el ámbito empresarial en Guatemala pueden enfrentar restricciones y mayores controles en sus transacciones financieras y empresariales. La debida diligencia mejorada busca prevenir el riesgo de actividades financieras ilícitas y garantizar la transparencia en el ámbito empresarial.
¿Cómo se determina el precio en un contrato de venta en Guatemala?
El precio en un contrato de venta en Guatemala se determina generalmente mediante acuerdo entre las partes. Las partes son libres de negociar y acordar el precio, que puede ser una cantidad fija, variable o sujeto a condiciones específicas. El precio debe ser cierto o al menos determinable en el contrato.
¿Cómo se penaliza el delito de secuestro en Guatemala?
El secuestro en Guatemala está penalizado con severas penas, incluida la posibilidad de prisión. La legislación busca combatir este delito que involucra la privación ilegal de libertad de una persona con fines de extorsión, violencia u otros propósitos.
¿Qué recursos legales tiene el deudor para impugnar un embargo indebido en Guatemala?
El deudor tiene varios recursos legales para impugnar un embargo indebido en Guatemala. Puede presentar una apelación ante el tribunal que emitió la orden de embargo, presentar una demanda de oposición al embargo o buscar asesoramiento legal para impugnar el proceso. Es esencial actuar dentro de los plazos legales establecidos.
¿Cuál es la penalización para el delito de usurpación en Guatemala?
La usurpación en Guatemala puede estar penalizada con penas de prisión. La legislación busca proteger la propiedad y prevenir la ocupación ilegal de tierras o inmuebles mediante sanciones a quienes cometan este delito.
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