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¿Cuáles son las penas por el delito de extorsión en Guatemala?
La extorsión en Guatemala puede estar penada con prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el acto de obtener bienes, dinero o servicios mediante amenazas o violencia, protegiendo la libertad y seguridad de las personas.
¿Existen protocolos específicos para el manejo de transacciones financieras de personas políticamente expuestas (PEP) en el marco de AML en Guatemala?
Sí, existen protocolos específicos para el manejo de transacciones financieras de personas políticamente expuestas (PEP) en el marco de AML en Guatemala. Estos protocolos incluyen medidas de debida diligencia reforzada y monitoreo continuo debido al mayor riesgo asociado con PEP.
¿Qué medidas se toman para prevenir la reincidencia de contratistas sancionados en Guatemala?
Para prevenir la reincidencia de contratistas sancionados en Guatemala, se pueden implementar medidas como una supervisión más estricta, requisitos adicionales de cumplimiento, y programas de capacitación y asesoramiento. Estas medidas buscan asegurar que los contratistas aprendan de las sanciones pasadas y eviten cometer nuevas infracciones en el futuro.
¿Qué institución supervisa las actividades de prevención de lavado de dinero en Guatemala?
La Superintendencia de Bancos (SIB) es la entidad encargada de supervisar las actividades AML en Guatemala.
¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores con vínculos culturales específicos en Guatemala?
Las adopciones de menores con vínculos culturales específicos en Guatemala se abordan legalmente considerando la importancia de preservar la identidad cultural del niño. Se busca que los adoptantes respeten y promuevan la conexión del menor con su herencia cultural.
¿Existe alguna regulación que prohíba la discriminación basada en la información obtenida durante una verificación de antecedentes en Guatemala?
Sí, el Código de Trabajo de Guatemala prohíbe la discriminación laboral basada en la información obtenida durante una verificación de antecedentes. Los empleadores no pueden tomar decisiones laborales, como la contratación o la promoción, basadas en información que implique discriminación por razones de género, raza, religión, orientación sexual u otras categorías protegidas por la ley.
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