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¿Quiénes son los reguladores y supervisores de AML en Guatemala?
En Guatemala, la Superintendencia de Bancos (SIB) y la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) son los principales reguladores y supervisores de AML.
¿Puede una sanción disciplinaria en Guatemala ser eliminada o perdonada con el tiempo?
En algunos casos, una sanción disciplinaria en Guatemala puede ser eliminada o perdonada con el tiempo, especialmente si el infractor demuestra un cambio positivo en su conducta y cumple con ciertos requisitos de rehabilitación. Sin embargo, la posibilidad de eliminación o perdón depende de la naturaleza de la sanción y de las políticas específicas de las autoridades disciplinarias.
¿Cuáles son los derechos de los guatemaltecos en España en caso de detención por cuestiones migratorias?
Los guatemaltecos detenidos por cuestiones migratorias tienen derechos, como el derecho a ser informados de los motivos de su detención y a ser asistidos por un abogado. También tienen el derecho a impugnar la detención ante las autoridades correspondientes.
¿Existen regulaciones específicas para la selección de personal en el ámbito de la seguridad privada en Guatemala?
En el ámbito de la seguridad privada en Guatemala, existen regulaciones específicas para la selección de personal. Estas regulaciones pueden abordar la formación en seguridad, la verificación de antecedentes y otros requisitos esenciales para garantizar la idoneidad del personal en roles de seguridad.
¿Cuál es la política de Guatemala en relación con la divulgación de antecedentes judiciales en el ámbito laboral?
Guatemala tiene políticas específicas en relación con la divulgación de antecedentes judiciales en el ámbito laboral. Los empleadores pueden solicitar información sobre antecedentes, pero deben cumplir con las leyes de privacidad y obtener el consentimiento del candidato.
¿Cuál es el papel de los defensores públicos en el sistema legal guatemalteco?
Los defensores públicos en Guatemala proporcionan asesoramiento y representación legal a personas que no pueden pagar un abogado. Ayudan a garantizar que los acusados tengan acceso a la defensa legal y se respeten sus derechos en el proceso penal.
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