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¿Cuál es el proceso de auditoría fiscal en Guatemala?
Cuando la SAT sospecha que un contribuyente no está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, puede llevar a cabo una auditoría fiscal. Durante una auditoría, se revisan los registros contables y financieros del contribuyente para determinar si se han presentado declaraciones precisas y se han pagado los impuestos adeudados. Los contribuyentes tienen derecho a ser notificados de la auditoría y a proporcionar documentación y explicaciones.
¿Pueden las instituciones financieras compartir información de KYC entre sí en Guatemala?
Sí, las instituciones financieras en Guatemala pueden compartir información de KYC entre sí, especialmente cuando se trata de prevenir el lavado de dinero y otras actividades ilícitas. Sin embargo, esta compartición de información debe realizarse de manera segura y conforme a las leyes de privacidad y protección de datos. La colaboración entre instituciones fortalece los esfuerzos para mantener la integridad del sistema financiero.
¿Se permiten las verificaciones de antecedentes aleatorias o de rutina en el entorno laboral guatemalteco?
Las verificaciones de antecedentes aleatorias o de rutina pueden no ser comunes y deben realizarse de manera justa y no discriminatoria.
¿Cómo se regula la relación entre bancos corresponsales según la legislación AML guatemalteca?
La legislación AML de Guatemala regula la relación entre bancos corresponsales, estableciendo requisitos para garantizar que se realice una debida diligencia adecuada y que ambas partes cumplan con las normativas AML para prevenir el lavado de dinero.
¿Cómo se define el lavado de dinero según la legislación guatemalteca?
Se considera lavado de dinero a la acción de convertir, transferir, ocultar o adquirir bienes con el conocimiento de que provienen de actividades ilícitas.
¿Cuál es el plazo para ejercer el derecho de desistimiento en contratos de venta a distancia en Guatemala?
En contratos de venta a distancia en Guatemala, el plazo para ejercer el derecho de desistimiento puede estar regulado por ley. Este derecho permite a los consumidores cancelar la compra dentro de un período específico sin necesidad de justificación, proporcionando una protección adicional en transacciones realizadas sin contacto directo.
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