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¿Se extiende el concepto de persona expuesta políticamente a nivel familiar en Guatemala?
En algunos casos, el concepto de persona expuesta políticamente puede extenderse a nivel familiar en Guatemala. Familiares cercanos de personas expuestas políticamente, como cónyuges e hijos, también pueden estar sujetos a medidas de debida diligencia mejorada debido a su relación con la persona expuesta políticamente.
¿Qué consecuencias puede tener el incumplimiento de un embargo en Guatemala?
El incumplimiento de un embargo en Guatemala puede tener consecuencias legales graves. El deudor puede enfrentar sanciones adicionales, como multas, y sus bienes pueden ser vendidos en una subasta pública para satisfacer la deuda. Además, el historial crediticio del deudor puede verse afectado.
¿Cuál es la responsabilidad de las agencias de seguridad privada en la verificación de antecedentes de su personal en Guatemala?
Las agencias de seguridad privada en Guatemala tienen la responsabilidad de llevar a cabo la verificación de antecedentes de su personal de acuerdo con las regulaciones aplicables. Esto es esencial para garantizar la integridad y la idoneidad de los empleados de seguridad.
¿Qué medidas de seguridad se requieren para proteger la información confidencial en Guatemala?
En Guatemala, las empresas deben implementar medidas de seguridad para proteger la información confidencial. Esto puede incluir el uso de tecnologías de cifrado, políticas de acceso restringido, firewalls y otras prácticas de seguridad de la información para prevenir el acceso no autorizado.
¿Cuál es el enfoque de Guatemala en la lucha contra el tráfico de personas?
Guatemala ha implementado políticas y leyes para combatir el tráfico de personas. Se centra en la prevención, la protección de víctimas y la persecución de traficantes, en colaboración con organizaciones internacionales.
¿Pueden los abogados y contadores estar involucrados en actividades de financiación del terrorismo en Guatemala?
Sí, tanto abogados como contadores pueden estar involucrados en actividades de financiación del terrorismo. La legislación guatemalteca impone obligaciones de reporte y diligencia debida a estos profesionales para prevenir su participación en actividades ilícitas.
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