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¿Cuáles son las diferencias entre la complicidad activa y la complicidad pasiva en Guatemala?
La complicidad activa implica la participación directa en la comisión del delito, mientras que la complicidad pasiva se refiere a proporcionar ayuda o apoyo sin participación directa. Ambas formas pueden dar lugar a la responsabilidad penal del cómplice en Guatemala.
¿Puede el DPI ser utilizado como documento de identificación en transacciones bancarias en Guatemala?
Sí, el DPI puede ser utilizado como documento de identificación en transacciones bancarias en Guatemala. Es comúnmente requerido para abrir cuentas bancarias y realizar operaciones financieras que involucren la identificación del titular.
¿Cuál es el tratamiento fiscal de los contratos de venta en Guatemala?
El tratamiento fiscal de los contratos de venta en Guatemala implica consideraciones sobre impuestos sobre las ventas, impuestos a la transferencia de bienes y otros gravámenes relacionados. Las partes involucradas deben cumplir con las obligaciones fiscales correspondientes, y el contrato puede detallar cómo se distribuyen estos costos entre el vendedor y el comprador.
¿Puede un empleador guatemalteco contratar a trabajadores extranjeros para puestos vacantes?
Sí, un empleador guatemalteco puede contratar a trabajadores extranjeros para puestos vacantes, siempre que cumpla con los procedimientos legales y obtenga los permisos correspondientes. Las leyes migratorias y laborales establecen los requisitos para la contratación de empleados extranjeros en Guatemala.
¿Cuál es la diferencia entre un embargo preventivo y un embargo ejecutivo en Guatemala?
Un embargo preventivo se utiliza para asegurar el cumplimiento de una deuda antes de que se obtenga una sentencia, mientras que un embargo ejecutivo se lleva a cabo después de que se obtiene una sentencia favorable que autoriza el embargo. Ambos tipos de embargo se utilizan para garantizar el pago de una deuda.
¿Cuál es la base legal que regula el manejo de antecedentes judiciales en Guatemala?
En Guatemala, la base legal para la gestión de antecedentes judiciales se encuentra en el Código Procesal Penal y el Código de Notariado, entre otras leyes relacionadas. Estas leyes establecen los procedimientos para el registro, acceso y manejo de los antecedentes judiciales.
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