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¿Cuál es el enfoque de la legislación AML guatemalteca en relación con las personas políticamente expuestas (PEP)?
La legislación AML guatemalteca tiene un enfoque específico en las personas políticamente expuestas (PEP), imponiendo medidas de debida diligencia reforzada para estas personas debido al mayor riesgo asociado con sus transacciones financieras.
¿Cuál es el impacto de la pandemia de COVID-19 en las medidas de prevención del lavado de activos en Guatemala?
La pandemia de COVID-19 ha impactado las medidas de prevención del lavado de activos en Guatemala al cambiar las dinámicas económicas y financieras. Las entidades han debido adaptarse a nuevas tendencias y desafíos, como el aumento de transacciones digitales, para mantener eficaces programas de prevención del lavado de activos.
¿Qué sucede si un ciudadano guatemalteco no renueva su DPI después de que ha vencido?
Si un ciudadano guatemalteco no renueva su DPI después de que ha vencido, podría enfrentar limitaciones en diversas transacciones, como trámites bancarios o gestiones gubernamentales. Es importante renovar el DPI a tiempo para mantenerlo actualizado.
¿Qué derechos tiene el deudor en un proceso de embargo en Guatemala?
El deudor tiene derechos protegidos en un proceso de embargo en Guatemala. Tiene derecho a ser notificado adecuadamente sobre el proceso y a presentar defensas legales. También tiene la oportunidad de negociar acuerdos de pago o buscar la liberación de los bienes embargados bajo ciertas circunstancias.
¿Puede un cómplice ser considerado cómplice de otro cómplice?
En algunos casos, un cómplice puede ser considerado cómplice de otro cómplice si ambos colaboran activa o pasivamente en la comisión del delito. La conexión entre los cómplices y su contribución al delito determinarán la evaluación legal de su responsabilidad conjunta.
¿Cuál es la política de Guatemala con respecto a la protección de los derechos de los menores involucrados en casos penales?
La política de Guatemala con respecto a la protección de los derechos de los menores involucrados en casos penales se basa en el respeto de sus derechos fundamentales y la aplicación de medidas especiales para garantizar su bienestar. Esto puede incluir la participación de profesionales especializados y la consideración de la edad y madurez del menor en el proceso judicial. Conocer estas políticas es crucial para garantizar un enfoque adecuado en casos que involucren a menores.
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