Artículos recomendados
¿Qué se entiende por "cliente políticamente expuesto" (PEP) en el contexto de la debida diligencia en Guatemala?
Un cliente políticamente expuesto (PEP) es una persona que ocupa o ha ocupado un cargo político importante o una posición gubernamental en Guatemala o en el extranjero. La debida diligencia en relación con PEPs implica un escrutinio adicional debido a los posibles riesgos de corrupción o influencia indebida.
¿Puede un individuo ser sancionado por no cumplir con las regulaciones de prevención de la financiación del terrorismo en Guatemala?
Sí, los individuos que no cumplan con las regulaciones de prevención de la financiación del terrorismo pueden ser sancionados. Esto incluye acciones como la falta de reporte de operaciones sospechosas o la participación en actividades que faciliten la financiación del terrorismo.
¿Cómo se penaliza el delito de tráfico de órganos en Guatemala?
El tráfico de órganos en Guatemala puede estar penado con severas penas de prisión. La legislación busca prevenir y sancionar el comercio ilegal de órganos, protegiendo la integridad y dignidad de las personas.
¿Cómo se abordan legalmente las adopciones de menores en situación de riesgo o vulnerabilidad en Guatemala?
Las adopciones de menores en situación de riesgo o vulnerabilidad se abordan legalmente mediante evaluaciones específicas. Se busca garantizar que los adoptantes tengan la capacidad de proporcionar un entorno seguro y estable, abordando las necesidades particulares del niño en situación de riesgo.
¿Cómo se define el lavado de dinero según la legislación guatemalteca?
Se considera lavado de dinero a la acción de convertir, transferir, ocultar o adquirir bienes con el conocimiento de que provienen de actividades ilícitas.
¿Qué protecciones existen para la privacidad de los antecedentes judiciales en Guatemala?
En Guatemala, existen protecciones legales para la privacidad de los antecedentes judiciales. Las leyes prohíben la divulgación no autorizada de esta información y establecen restricciones sobre quién puede acceder a los registros. Los individuos tienen el derecho de conocer quién ha accedido a sus antecedentes y pueden impugnar el uso indebido de la información.
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