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¿Qué recursos y capacitación están disponibles para ayudar a las instituciones financieras a cumplir con las regulaciones de PEP en México?
Las instituciones financieras pueden acceder a recursos proporcionados por el Gobierno y organizaciones especializadas, incluyendo guías y programas de capacitación.
¿Qué agencias o autoridades pueden ordenar embargos en México?
En México, diversas agencias y autoridades pueden ordenar embargos, dependiendo del tipo de deuda. Las autoridades fiscales, como el Servicio de Administración Tributaria (SAT), pueden embargar bienes por deudas fiscales, mientras que los tribunales y autoridades judiciales pueden hacerlo en casos civiles o laborales.
¿Cuál es la legislación que regula los contratos de arrendamiento en México?
La legislación que regula los contratos de arrendamiento en México varía según el tipo de propiedad, pero la Ley General de Bienes Nacionales y el Código Civil Federal son relevantes en muchos casos.
¿Qué se entiende por 'vicios redhibitorios' en contratos de venta de bienes en México?
Los vicios redhibitorios son defectos ocultos en un bien vendido en México que lo hacen inadecuado para su uso previsto. El comprador puede solicitar la rescisión del contrato o una reducción en el precio.
¿Cuál es el proceso de embargo en casos de deudas con el Instituto Nacional de Migración (INM) en México?
El proceso de embargo en casos de deudas con el INM en México involucra la notificación de la deuda migratoria, la determinación del monto adeudado, la solicitud de embargo ante la autoridad correspondiente, la ejecución del embargo y, en última instancia, la subasta de bienes si es necesario para cubrir la deuda. Los procedimientos específicos pueden variar en cada caso.
¿Qué acciones se están tomando en México para combatir el lavado de activos a través de la inversión en el sector inmobiliario?
En México, se están implementando medidas como la identificación y reporte de transacciones inusuales en bienes raíces, así como la exigencia de información sobre los beneficiarios finales de las transacciones para prevenir el uso del sector inmobiliario en el lavado de activos.
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